Cada vez que un incendio arrasa un territorio, el debate político se enciende casi con la misma rapidez que el monte.
Antes incluso de que se conozcan las causas, empiezan las acusaciones. El Gobierno culpa a las comunidades autónomas. Las comunidades culpan al Gobierno. Unos hablan de leyes que impiden limpiar el monte. Otros responden que el problema es la falta de inversión. Y, mientras tanto, la conversación pública se llena de frases rotundas que rara vez explican la realidad completa.
La gestión de los incendios no depende de una única administración ni se resuelve con una sola medida. La prevención forestal corresponde en gran parte a las comunidades autónomas, pero el Estado también participa mediante legislación básica, coordinación, medios extraordinarios y organismos como la UME.
Convertir una tragedia en un arma partidista puede dar titulares, pero no mejora la prevención, no refuerza a los servicios forestales y no ayuda a quienes pierden sus casas, sus animales o sus tierras.
Los incendios necesitan planificación, inversión y cooperación.
No es tan fácil de resumir en un eslogan.
Y quizá precisamente por eso algunos prefieren el eslogan.